Amnistía inmobiliaria en Mallorca: condiciones e historia.
La actual amnistía inmobiliaria es un decreto similar a un conjunto de normas del año 2014 del anterior gobierno conservador.
Durante ese período se legalizaron aproximadamente 10.000 fincas rústicas durante el período en el que se permitieron las solicitudes.
El nuevo decreto (Legalización extraordinaria de edificaciones, construcciones, instalaciones y usos existentes en suelo rústico) emitido en mayo de 2024 ofrece un período de tres años para solicitar la legalización de propiedades que cumplan con los criterios del decreto. La autoridad de planificación central ha sugerido que hasta 25.000 propiedades en todas las Islas Baleares cumplan con los criterios y tengan la posibilidad de ser legalizadas.
La amnistía sólo es aplicable a aquellas propiedades rurales que hayan sido construidas o reformadas con permiso de la autoridad urbanística pero que no hayan recibido la documentación adecuada al final de su construcción o reforma y que ahora no tengan personalidad jurídica y se consideren fuera de ordenación. Cuando la autoridad urbanística haya determinado la no conformidad de un edificio, por su construcción o instalaciones, con la normativa urbanística vigente.
La legislación incluye opciones para legalizar piscinas y dependencias que se hayan podido construir sin licencia.
En el caso de los edificios en los que existan usos rústicos ilegales como construcción, talleres, almacenes o restaurantes, se podrán legalizar los edificios pero se podrán retirar las licencias que se hubieran concedido para un uso concreto.
Las propiedades que tienen licencias ETV y que cumplen históricamente los requisitos para una licencia turística también fueron excluidas originalmente del decreto, el edificio podría legalizarse pero se revocaría la ETV.
Esta cuestión fue debatida en el Parlament del Govern Balear y al final del debate se aseguró que se incluirían los propietarios de fincas con licencia ETV o licencias de uso comercial, quedando excluidos únicamente aquellos que estén en espacios protegidos del litoral o parques nacionales.
Para legalizarse, los propietarios tendrán que pagar multas, tasas y dispondrán de tres años para realizar los trámites. Cuanto antes se presente la solicitud, más barato será el proceso en general. La legalización conlleva diversos costes. Además de las tasas posteriores por la licencia de obras que se deba solicitar, también hay sanciones que se escalonan en el tiempo: el 10 por ciento del valor de la obra o reforma en el primer año, el 12,5 por ciento en el segundo año y el 15 por ciento en el tercero. Los propietarios también tendrán que pagar todos los impuestos y cumplir con los requisitos actuales de medio ambiente, ahorro de agua y eficiencia energética.
Si desea realizar una consulta sobre la legalización de su propiedad rústica en Mallorca utilice el siguiente formulario de contacto. Su información es privada y confidencial y no existe ninguna obligación de seguir el proceso sugerido durante la consulta.
